En el marco de esos acuerdos, en el Real Decreto-Ley se formalizan nuevas ayudas directas al transporte en línea con las aprobadas en el RD-Ley 6/2022, por importe, en esta ocasión, de 450 millones de euros. Asimismo, se define con mayor precisión el Reglamento en cuanto al transporte de carga fraccionada en lo relativo a la prohibición de carga o descarga por parte del conductor, lo no satisface las expectativas puestas al respecto por el Comité Nacional. 

De igual modo, al amparo de los acuerdo de marzo 2022, en el que se fijaba la fecha de 31 de julio de 2022 para tener un proyecto de Ley; se ha conseguido agilizar su emisión mediante este nuevo Real Decreto-Ley dando un primer paso en lo que a la Ley de Cadena de Transporte se refiere, cuyo objetivo es evitar que se trabaje de manera estructural por debajo de costes, y eliminar de manera eficaz los desequilibrios actuales en la contratación de los servicios de transporte, evitando situaciones de abuso sobre la parte más débil de la cadena de suministro que son las empresas de transporte, autónomos y pymes en su mayoría.

Desaprobación

Sin embargo, para el Comité Nacional de Transporte por Carretera ha emitido un comunicado en el que afirma que «es necesario desde ya hacer un seguimiento puntual de su aplicación efectiva, ya que el texto aprobado estimamos como no suficiente, ya que no contiene unos mínimos requisitos de seguridad jurídica que permita su aplicación real en el mercado. También deja de lado cuestiones nucleares como la limitación de la subcontratación, para cuyo desarrollo dispondremos de un periodo de seis meses».

En cualquier caso, el Comité Nacional de Transporte por Carretera espera que las diferencias no sean insalvables y, para ello, ha asegurado que «estamos dispuestos a seguir trabajando en los próximos meses, siendo conscientes de la complejidad que supone la puesta en marcha de esta normativa, cuya publicación consideramos como importante, pero cuyo contenido, en nuestra opinión, deja sin resolver el objetivo para la que se acordó».